El proceso de cambio en Bolivia

Este año se realizarán las elecciones presidenciales en el país del altiplano. El presidente Evo Morales irá por una nueva reelección, pero esta vez la Central Obrera Boliviana (COB) ubicada  a la izquierda del gobierno, orgánicamente será parte de un frente único para aislar a la derecha definitivamente.

El año pasado tras la muerte de Hugo Chávez, la socióloga chilena Marta Harnecker, aseguró en una entrevista que le realizara el periódico Mundo Obrero, perteneciente al Partido Comunista Español, que Bolivia, Ecuador y Venezuela están construyendo es una alternativa avanzada al neoliberalismo, y a su vez  modificando sustancialmente las relaciones de fuerza que fueron dominantes por mucho tiempo. No resulta ocioso señalar que esos tres países celebraron procesos constituyentes, que culminarían con nuevas Constituciones Políticas de Estado, en las cuales las mayorías populares tienen plena participación e injerencia.

Según expresó el vicepresidente Álvaro García Linera en su libro “Las tensiones creativas de la Revolución” en los albores del nuevo siglo, más precisamente con lo que se llamó la “Guerra del agua”, se inició el proceso de cambio social en Bolivia. En abril del año 2000, con las grandes sublevaciones populares, se terminó con un consenso pasivo que el neoliberalismo había construido por más de quince años. Las masas populares, principalmente los trabajadores y el movimiento campesino- indígena conformaron un bloque social, que en 2003 con la “Guerra del gas” produjeran la renuncia del presidente derechista Gonzalo Sánchez de Losada (hoy prófugo de la Justicia y protegido en los EE. UU.). Ese mismo bloque sería la base principal del Movimiento al Socialismo- Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS- IPSP) que en enero de 2006 llevaría a la presidencia del país al dirigente campesino Evo Morales. El año anterior el MAS había ganado en primera vuelta por el 54 %.

Una realidad en movimiento

Para entender qué es “el proceso de cambio” ya que así se lo denomina en Bolivia. El mismo no es patrimonio de un partido o un gobierno a través de su experiencia de gestión; es el resultado de años de resistencia al neoliberalismo, de las insurrecciones populares durante las guerras del agua y del gas, de la experiencia constituyente de 2008, al igual que de los diferentes enfoques que se realizan desde la variedad plurinacional, y de los que se posicionan a la izquierda del gobierno. Pueden existir diferentes visiones estratégicas, o modos de interpretar al proceso, pero todos lo sostienen como tal.  Además vale hacer la aclaración de que el MAS- IPSP si bien intenta constituirse como un auténtico partido político de masas, muchos analistas en Bolivia consideran que aún no ha podido romper  con las tendencias centrípetas y corporativas, que genera el hecho de ser aún una gran coordinación de movimientos sociales. Obviamente que eso no es poco, pero sus principales líderes (como lo es Evo Morales), saben que eso también es parte de profundizar el proceso de cambio.

En mayo del año pasado el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que es el organismo encargado de ejercer el control de constitucionalidad, y precautelar el respeto, la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, en el marco de los principios del Estado Plurinacional de Bolivia, dictaminó como válida la posibilidad de que en los comicios que se celebrarán en octubre de este año, tanto el actual presidente Evo Morales como el vicepresidente Álvaro García Linera puedan ser reelegidos. A casi un año de que se produzcan las elecciones, en octubre del año pasado, Evo Morales convocó a su fuerza para iniciar la campaña electoral. En esa ocasión el líder del MAS instó a sus seguidores a que en las próximas presidenciales se debe ganar por el 74 % de los sufragios. “En 2002 obtuvimos el 20%, pero cuando ganamos las elecciones, en 2005, fue con 54%. Llega 2009 y ganamos con 64%, es decir, 10% más que en la anterior elección y ahora la meta debe ser llegar el próximo año al 74%” les expresó Evo a sus partidarios. Lejos de suponer el incremento del porcentaje electoral como una cuestión meramente cuantitativa, hay que entenderlo a esto como una fuerte apuesta a construir una relación de fuerzas mucho más holgada, que implique no sólo el desarrollo de la herramienta política, sino también dejar a la derecha mucho más aislada, con una unidad mayor del pueblo boliviano.  “Lo más importante para mí es el tema de la unidad. Unidad orgánica y unidad política” dijo en esa ocasión, asegurando luego que ”tenemos tiempo todavía para superar, mejorar y unirnos”, agregando que para él “la unidad es el triunfo del pueblo, es la derrota del imperio, es un programa con principios” porque “la unidad en Bolivia es sepultura para los neoliberales”.

A partir de ese encuentro con los militantes -desarrollado en octubre- prosiguieron diferentes ampliados del MAS- IPSP entre los que se destaca principalmente el denominado “Encuentro de los trabajadores” realizado el pasado 2 de febrero en Cochabamba. Allí además de los diferentes movimientos sociales que integran el MAS, se produjo la adhesión orgánica de la Central Obrera Boliviana (COB), que si bien no forma parte del partido, se posicionó como el principal aliado para profundizar el proceso de cambio. La COB tiene 2 millones de afiliados.

“La Central Obrera Boliviana hace conocer su voz oficial a nombre de los trabajadores del país, porque de manera orgánica, por resolución del Ampliado Nacional de Santa Cruz, del 21 de noviembre, la COB resuelve defender, profundizar y fortalecer el proceso de cambio a la cabeza del compañero Evo Morales”, dijo en febrero el secretario ejecutivo de la central Juan Carlos Trujillo, quien además cargó contra los detractores del proceso de cambio, que según él intentan dividir y fraccionar a la clase obrera. Trujillo aseguró que “es fundamental sellar el reencuentro de los trabajadores del país” y luchar por la independencia de clase con respecto al imperialismo y el capitalismo. A su juicio, “no se puede perdonar a la derecha” que por más de 20 años se aprovechó de los recursos naturales de Bolivia, para su beneficio. “Sepa bien la derecha que los trabajadores unidos, siempre vamos a defender la democracia que tanto nos ha costado recuperar, construir”, dijo, e instó a los trabajadores a resolver sus diferencias y “defender este proceso” porque “es de todos y para todos”.

Juan Carlos Trujillo es un joven dirigente minero que asumió como líder de la COB hace tres años. Desde su asunción dijo que él no era del MAS, sino un partidario de la izquierda. Tuvo formación político- sindical en la Escuela de cuadros sindicales Lázaro Peña de Cuba, y al momento de asumir a cargo de la COB, planteó que la organización obrera debía reencauzar al proceso de cambio. Trujillo en 2012, junto a otros dirigentes sindicales se planteó la conformación de un instrumento político de los trabajadores. “La Central Obrera Boliviana va a reencaminar (el proceso de cambio) y va a intervenir en defensa de los intereses de los trabajadores y del país porque el proceso que vivimos es de los trabajadores de Bolivia, no es de un partido político”, había dicho el dirigente minero por ese entonces. El denominado proceso de cambio es un flujo que se viene desarrollando desde la guerra del agua del año 2000, y que tiene final abierto. Es cierto que existen diferentes posiciones de cómo encaminarlo, pero son diferencias de matices en cuanto a una misma intención liberadora. En tal sentido se podría decir que la unidad que sellaron el MAS- IPSP junto a la COB, representa una soldadura social estratégica para aislar a la derecha y enfrentar en mejores condiciones a los sectores concentrados de la economía.

Nota publicada en Mascaró de mayo de 2014

El trabajo manda en Ecuador

Trabajo y capital. El proyecto anunciado por Correa
reformula la realidad social ecuatoriana.

El nuevo Código laboral propuesto por el presidente Correa refleja las nuevas relaciones entre fuerzas sociales.

Como una meta más en la profundización de la denominada Revolución Ciudadana, el gobierno de Rafael Correa se plantea revolucionarizar las relaciones laborales, en ese país. En el acto por la celebración del 1º de Mayo, realizado en la ciudad portuaria de Esmeraldas, fue el mismo mandatario quien hiciera público el anuncio de un nuevo Proyecto de Código Orgánico del Trabajo en Ecuador. Allí, el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, le entregó copias del proyecto a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, y a representantes obreros de esa ciudad, con la finalidad de socializar el texto y comenzar el debate. Ese mismo día, las calles de Quito se encontraban atestadas por dos grandes movilizaciones, una organizada por la Alianza País y gremios afines, y la otra por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que es una coalición de centrales sindicales, principalmente de izquierda. Mientras los primeros celebraban que ese mismo día se estuviese presentando en Esmeraldas el nuevo código, los otros expresaban que hay varios puntos del mismo, que son para el debate. “Pedimos debatir el nuevo Código de Trabajo. Queremos que el Gobierno, la Asamblea y el pueblo ecuatoriano lo discutamos tripartitamente”, dijeron.
En Esmeraldas, bajo el lema de que “El trabajo humano está por encima del capital” Correa hizo hincapié en que la Revolución Ciudadana es un proceso político de transformación de las relaciones de poder en beneficio de las mayorías populares y principalmente de los trabajadores. En su intervención no se limitó a hablar solamente del nuevo código laboral, sino que intentó enmarcarlo en un proceso general que es el de cambio de la matriz productiva. Según Correa no es posible salir del atraso estructural de la región sin revertir la injusta división internacional del trabajo, que condenó a los latinoamericanos a ser nada más que productores de materias primas. Para eso resaltó la importancia que tiene el desarrollo científico y tecnológico, como lo demuestra la reciente inauguración de la ciudad del conocimiento Yachay. Por todas estas razones un nuevo código del trabajo, no representa nada más que una simple herramienta de arbitrio en las relaciones entre trabajadores y empresarios, sino un proyecto integral que permita que el Ecuador despegue como ese mentado “jaguar latinoamericano” al que el viceministro de Cooperación Económica y Desarrollo alemán, Hans Jürgen Beerfeltz, asociaba con los emergentes “tigres asiáticos”.
En su discurso en la Plaza Cívica de Esmeraldas, Correa dijo que “lo mejor está por venir” para los trabajadores con el nuevo Código “revolucionario y socialista”, que prioriza al ser humano sobre el capital, haciendo referencia a que hoy en Ecuador las relaciones de fuerzas cambiaron y que por esa misma razón se debe seguir combatiendo contra la terrible desigualdad, que aún no fue erradicada. Correa señaló que durante el imperio del neoliberalismo “para competir se tenía que lograr ‘flexibilización laboral’, eufemismo para disfrazar la explotación laboral… So pretexto de incrementar la competitividad y atraer inversiones, la política neoliberal implementó mecanismos de explotación y precarización del trabajo, como la tercerización laboral. Ahora es prohibida la tercerización, compatriotas. ¡Prohibido olvidar!”. Según el mandatario hoy están dadas las condiciones para revertir la injusta explotación de la que fueron víctimas los trabajadores de ese país, y que esa reversión implica en simultáneo la transformación productiva y la autonomía nacional.
Por su parte el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, en el mismo acto haciendo entregas de copias del proyecto de código laboral, dijo que “este es un día de conmemoración, histórico, para la reflexión, para la unidad de la clase trabajadora”, explicando luego que con este Código comienza un “debate serio, profundo y democrático”, invitando a todos los ciudadanos a aportar con este proyecto. Según informara por esos días el diario El Telégrafo, Marx Carrasco subrayó que se busca que el Código permita la máxima libertad de organización sindical, pero enmarcada en la Constitución y las leyes. Se pretende, además, que se dinamicen las relaciones laborales, así como una más efectiva administración de justicia de los derechos de los trabajadores, en el marco de la equidad y justa distribución de ingresos, indicando a su vez que el debate marcará “una nueva armonía social” entre empleadores, trabajadores y el Estado. “Sin trabajo no hay ganancia”, manifestó el Ministro, al recalcar que el proyecto debe debatirse sobre la mesa. “Aquí no hay secretos”, apuntó, señalándoles a los presentes que “con este nuevo Código, el poder lo tienen ustedes, compañeros trabajadores”.

El nuevo Código. La necesidad de comenzar a debatir el borrador, obedece a que el actual –que data de 1934–, según Marx Carrasco ya no se ajusta a la realidad ecuatoriana. En una entrevista que le realizara El Ciudadano TV el pasado 7 de mayo, el ministro, lo primero que aclaró es que no se trata de un código laboral, sino “de Trabajo” y que su cartera debería volver a llamarse como corresponde “Ministerio de Trabajo y no de Relaciones Laborales”, señalando que hace falta un decreto, para recuperar “nombre y apellido”. En tal sentido, subrayaba que “hay una diferencia no menor, no solamente formal, en hablar de relaciones laborales y hablar del trabajo” ya que las relaciones laborales necesariamente implican un vínculo entre empleado y empleador, y de esa forma se deja de lado una gran variante de trabajadores hoy no contemplados en ese esquema. Hoy existen subempleados, desempleados y formas mixtas que no se encuentran enmarcados dentro del antiguo modelo. Por esa misma razón para Marx Carrasco se hace imprescindible un nuevo código que contemple un “nuevo marco jurídico que dinamice la generación de empleo, que dinamice al trabajo y que sirva de tutelaje de la seguridad jurídica del derecho de los trabajadores”. El nuevo código debe establecer la equidad entre el trabajo y el capital, pero para eso según él hoy se dan formas confusas como la figura del trabajador autónomo, que en su gran mayoría son semiempleados, sin los beneficios que les otorgaría la ocupación plena. Habría trabajadores que de esa manera no gozarían de derechos, y en ese sentido –dijo–, el presidente Correa fue bien enfático en decir que su gobierno es un gobierno de los trabajadores, pero no sólo de los que se encuentran bajo relación de dependencia, sino de todos los trabajadores cualquiera sea su condición. Se trata del quinto borrador sobre la reforma, y se espera que el debate se abra a toda la sociedad. En tal sentido el ministro señalaba su anhelo de que se incorporen además de los trabajadores, diferentes sectores como son colegios de abogados, economistas, sociólogos e incluso diferentes partidos políticos y empresarios.
Si bien el proyecto aún no ha sido remitido formalmente a la Asamblea para su debate, un borrador fue entregado simbólicamente a su presidenta, Gabriela Rivadeneira, el 1º de Mayo, tal como se señalara más arriba. La propuesta consta de 528 artículos, doce disposiciones generales, cinco transitorias, diez reformatorias, cuatro derogatorias y una final, y parte de sus reformas han generado cierta disconformidad. Dos de ellas son el reemplazo de la jubilación patronal por un bono y la mensualización del décimo tercero, que equivale a un sueldo que se recibe en diciembre con el fin de cubrir los gastos de fin de año; y décimo cuarto, que es un Salario Básico Unificado para la compra de útiles por el inicio de clases. Ambos artículos son los principalmente cuestionados por las direcciones sindicales del FUT. También entre los puntos a debatir pero en el que pareciera existir consenso es la creación de una normativa que permita la conformación de sindicatos por rama de actividad. Según lo expresado por Carlos Marx Carrasco, esto obedece a que en el modelo de sindicato por empresa, hoy existen muchos establecimientos con muy pocos trabajadores, en muchos casos precarizados, y que eso dificulta su sindicalización. De tal forma el sindicato por rama permitiría que trabajadores de una misma especialidad, aunque trabajando en diferentes empresas, puedan tener el resguardo sindical. En el discurso pronunciado el 1º de Mayo, Correa recordaba que “en el 2007, la cementera más grande del país, con más de 600 millones de dólares en ventas, en un juicio laboral declaraba que no tenía trabajadores porque a todos los tenía tercerizados”. Por otra parte, el jefe de la cartera laboral, en el programa televisivo de El Ciudadano TV afirmaba que la falta de sindicalización en determinadas empresas, además de perjudicar a los trabajadores, crea una competencia desleal entre el mismo empresariado, ya que no es lo mismo que sus trabajadores tengan una asociación gremial que vele por sus derechos, a que no la tengan y por ende se encuentren sujetos a la manipulación patronal. Según el ministro esto podría beneficiar la construcción en Ecuador de una gran central unitaria de trabajadores. Hoy existen varias pequeñas centrales en un marco de fragmentación. Aunque lo de la central sindical no sea un tema del que se hable en el nuevo código.
Entre otras propuestas, el borrador del nuevo código contempla la regulación de las horas suplementarias de trabajo, la remuneración requerida para esa modalidad, la creación y sostenimiento por parte de los empresarios de comedores para sus empleados, protección de las trabajadoras embarazadas, y principalmente la adquisición de derechos, de los trabajadores autónomos, los voluntarios, los no remunerados domésticos, cooperativos, comunitarios, trabajadores sexuales y subordinados. La mensualización de los sueldos decimotercero (aguinaldo) y el salario básico unificado, al igual que el reemplazo de la jubilación por un bono, son los que generan mayor debate, principalmente por las posiciones que los representantes sindicales tienen acerca de ello.

“Tensiones creativas.” Así las denominó el vicepresidente de Bolivia Álvaro, García Linera, a las ya clásicas recomendaciones maoístas de resolución de “las contradicciones en el seno del pueblo”. En su libro Las tensiones creativas de la revolución, García Linera dice que en la actualidad del proceso de cambio en Bolivia se está frente a cómo limar esas tensiones entre los diferentes sectores populares, de forma creativa para avanzar en la profundización del cambio social. Al parecer eso se puso en práctica, ya que hoy la Central Obrera Boliviana (COB) –ubicada a la izquierda del gobierno– se alineó a la fuerza del presidente Evo Morales para aislar a la derecha. La mención al proceso de Bolivia resulta válida, ya que Ecuador, si bien no cuenta con una central sindical de envergadura, ambos países se encuentran en rumbos similares, con procesos constituyentes que llevaron a la reforma de las cartas magnas, y ambos se pronuncian por el “socialismo del Buen Vivir”. No hace tanto las diferentes expresiones sindicales del Frente Unitario de Trabajadores ecuatoriano señalaban que “dejamos claro que nuestra posición es absolutamente consecuente con nuestra clase y con los objetivos de nuestro pueblo encaminados al Buen Vivir, y que bajo ningún concepto le hacemos el juego a la derecha, a la oligarquía, ni a ningún aventurero que propicie la anarquía, lo que hacemos es defender con dignidad y de pie nuestros legítimos derechos laborales” sostenían en un documento firmado por las diversas centrales sindicales.
El debate por la mensualización del decimotercer mes y el Salario Básico Unificado (SUB) confronta posiciones, pero de forma saludable. Para entender un poco más qué está en juego, hay que precisar que ya no se trata de una contradicción entre los trabajadores y los empresarios, sino entre los trabajadores y el Estado. La propuesta que realizó el gobierno de repartir mensualmente el aguinaldo y el SUB, está principalmente dirigida a los trabajadores de la esfera pública y no de la privada. Los empleados de los privados podrían optar por si cobrarán de esa manera o no. El principal argumento que utiliza el gobierno es que considerando que la economía ecuatoriana está dolarizada, resulta imposible emitir moneda para pagar esos sueldos complementarios y que de esa manera, es el Estado quien debe ahorrar todo el año para pagar esos salarios. De esa forma se plantea que los trabajadores vayan adquiriendo una cultura del ahorro, y que no sigan dependiendo asistencialmente del Estado. Marx Carrasco, en tal sentido, planteó que lo bueno sería que los trabajadores abran una cuenta bancaria para depositar esa diferencia, y a fin de año cobrar con intereses. Por su parte, desde el sindicalismo se esgrime que, teniendo en cuenta que el valor de los salarios hoy no resulta del todo favorable, los trabajadores no podrían ahorrar, y que en todo caso se debería realizar una sustancial mejora salarial. Mesías Tatamuez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), consideró que no pueden aceptarse mecanismos que atenten contra conquistas laborales conseguidas desde hace décadas. Los décimos, dijo, son un ahorro forzoso en una economía familiar en la que es casi imposible guardar dinero por el ajustado ingreso frente al nivel de gasto. Según informara el diario El Universo, el presidente Correa en su habitual Enlace Ciudadano realizado el pasado sábado 10 de mayo en Machala dijo que es incomprensible la posición de los sindicalistas: “Esa discusión no resiste el menor análisis, pídanme que les entregue mi diploma antes que ceder a discusiones tan absurdas. En eso no vamos a retroceder, pero que quede muy claro: la mensualización de los décimos es sólo ganar, nadie pierde”, dijo, asegurando que a petición escrita del empleado se pagará, el primero, en diciembre, y el segundo, antes del inicio del año escolar, lo que para él es “aumentar opciones, márgenes de acción y oportunidades”. Según Correa, “el empleador va a estar contentísimo en no pagar mensualmente el décimo, porque el empleador gana, el que pierde es el trabajador. El ejemplo es muy fácil, suponiendo que el décimo tercero que recibe en diciembre sea de $ 1.200, si en lugar de recibir los $ 1.200 en diciembre, reciben 100 en enero, 100 en febrero, 100 en marzo y lo ponen en el banco, en diciembre van a tener $ 1.200 más intereses. ¿Ganaron o perdieron?”, preguntó el presidente al público, y dirigiéndose a su ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, le preguntó dónde estaba lo “revolucionario” del texto, ya que “yo veo simples reformas, nosotros somos un gobierno revolucionario, no reformista”, dijo.
Más allá de la prédica de Correa se espera que los trabajadores puedan debatir seriamente el proyecto de Código del Trabajo, y que salgan beneficiados de ello. Sería parte de resolver favorablemente las tensiones creativas que propone García Linera, y que obviamente no son exclusivas de Bolivia.

Mariano Grondona y el relato

Mariano Grondona comienza su editorial de hoy -para La Nación- de esta forma: "¿Volveremos a ser una república democrática 'normal', como las que prevalecen en Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá y buena parte de América latina (léase Uruguay, México, Chile, Brasil, Perú o Colombia)?" 
Se puede estar o no de acuerdo con el gobierno, pero ese "volveremos" en qué lugar de la historia argentina cabe. Esto que dice el escriba si no es relato qué es.
Porque el famoso relato se debe escribir desde dos lugares antagónicos pero complementarios, ya que si no, relato no hay. Los que acusan al gobierno de dictadura comunista, castro- chavista y equivalentes, son parte ineludible del relato. Claro, porque ahora Scioli es el Che Guevara.

La Alianza para el Progreso y las reformas en el sector agrario

En los orígenes de los cambios en las arcaicas estructuras latifundistas latinoamericanas durante los ’60 , se encuentran las necesidades norteamericanas de prevenir y controlar las luchas campesinas por la tierra.

Punta del Este 1961. El “Che” Guevara denuncia las intenciones
 imperialistas de Estados Unidos en la conferencia de la OEA.

“Los expertos sugieren sustitución de ineficientes latifundios y minifundios por fincas bien equipadas. Nosotros decimos: ¿quieren hacer la Reforma Agraria?, tomen la tierra al que tiene mucho y dénsela al que no tiene. Así se hace Reforma Agraria, lo demás es canto de sirena.”
Ernesto Che Guevara

Las transformaciones que se producen en la sociedad siempre son resultados de la lucha de los pueblos por mejorar sus condiciones de vida, aunque en algunas oportunidades, existen cambios que son intentos de controlar y encuadrar esas luchas, acotarlas, instrumentalizarlas e intentar que no sean demasiado radicales. Otros dirían que eso es hacer lo posible. En los años ’60, un fantasma recorría la América latina, era el de la expansión y propagación de la revolución cubana. Esto era un quiste severo para el dominio de los Estados Unidos en su patio trasero, no solamente por lo que sucedía en la isla caribeña, sino porque ese ejemplo podía cundir en toda la región situada al sur del Río Bravo. Por aquellos tiempos se hablaba de los que proponían cambiar algo, para que no cambie casi nada, y esa fue precisamente la principal artimaña de Washington para intentar frenar los nuevos aires que soplaban en la región. En definitiva, la estrategia imperial de ceder un poco para poner freno a los reclamos populares, también es un resultado de las luchas y no la acción benevolente de quien lo hace para preservar su dominio. Eran los tiempos de la guerra fría y, el temor de que la Unión Soviética se inmiscuyera en la región, hizo que los Estados Unidos trazaran una estrategia para desactivar los principales focos sociales explosivos provenientes de la gran desigualdad reinante en el continente. Uno de ellos, el atraso en cuanto a la situación agraria latinoamericana. Fue en este marco que la potencia del Norte propusiera a través de su entonces presidente John F. Kennedy la conformación de la Alianza para el Progreso. Un ambicioso programa de ayuda económica y social por el que los Estados Unidos se comprometían a colaborar con los países latinoamericanos, realizando una inversión de veinte mil millones de dólares durante el lapso comprendido entre 1961 y 1970. Una de las políticas propuestas fue la de impulsar la reforma rural integral en los países de la región. La Alianza para el Progreso implicaba necesariamente la presencia en estos países de políticas desarrollistas, tales como las que ya venían sosteniendo desde 1958 los presidentes Juscelino Kubitschek en Brasil y Arturo Frondizi en la Argentina. Las reformas agrarias tanto en Chile como en Perú, iniciadas los primeros años de la década del ’60, sólo pueden ser entendidas en este contexto, el de la ayuda americana para evitar la propagación de conflictos sociales. Si bien a lo largo de los años que tuvieron de desarrollo, ambas reformas adquirieron otras características, en un inicio estuvieron signadas por la política de Washington. La reforma agraria en Perú a partir del ’69 con la presidencia del General Juan Velasco Alvarado tomaría un rumbo radical en relación a la iniciada en 1962, durante el gobierno de la Junta Militar presidida por Nicolás Lindley. También pesaba sobremanera en la región, la reforma agraria emprendida en 1953 en Bolivia, y más allá de la iniciativa que les dio lugar institucional, lo que no hay que dejar de señalar es que sin un movimiento campesino ya existente, que presionara desde abajo, esto no hubiese sucedido. La muestra de eso, es que en países de la región con poca tradición de lucha campesina, no se planteó desde el desarrollismo ninguna iniciativa de transformar algo de la estructura agraria.
La Alianza para el Progreso (Alpro) tuvo su bautismo en la ya célebre Conferencia de Punta del Este realizada entre el 5 y el 17 de agosto de 1961 en la ciudad balnearia uruguaya. En esa reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) estuvieron presentes delegados de todos los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) e inclusive un delegado por Cuba, Ernesto Che Guevara. Mientras todos los delegados se ilusionaban con la consigna de “mejorar la vida de todos los habitantes del continente” tal como rezaba la declaración oficial de la constituida Alpro, Guevara en su alocución no dejó de señalar el carácter político de la conferencia, contra toda idea de simple ayuda técnica o económica: “Tengo que decir que Cuba interpreta que ésta es una conferencia política, que Cuba no admite que se separe la economía de la política y que entiende que marchan constantemente juntas. Por eso no puede haber técnicos que hablen de técnica, cuando está de por medio el destino de los pueblos. Y voy a explicar, además, por qué esta conferencia es política; es política, porque todas las conferencias económicas son políticas; pero es además política porque está concebida contra Cuba, y está concebida contra el ejemplo que Cuba significa en todo el continente americano”, subrayó el Che. El ambicioso plan de modernizar a la región no fue efectivo. La Alianza con su política de ayuda, lo que lograba era endeudar cada vez más a los países latinoamericanos, y eso sumado a la inestabilidad política de la región, más el magnicidio de Kennedy, hizo que los Estados Unidos con el correr de los años, en lugar de la mentada ayuda económica, terminara diseñando un plan de ayuda militar contrainsurgente. Guevara en Punta del Este –de alguna forma– ya lo había advertido.

La reforma agraria en Chile. A través de la Carta Pastoral de Obispos de Chile: “El deber social y político”, de 1962, el sector eclesiástico del país trasandino expresaba ya su preocupación por la situación social del campesinado chileno. Acorde a las posiciones progresistas de la Conferencia Episcopal de América latina (Celam) e influenciados por el contexto institucional global de un progresismo que se expresaba en el Concilio Vaticano, con la encíclica Mater y Magistra de 1961 del papa Juan XXIII, la Iglesia chilena se pronunciaba por reformar las condiciones agrarias de ese país, e incluso dio el puntapié inicial de un esbozo de reforma agraria, que haría que posteriormente el gobierno de Jorge Alessandri promulgara la primera ley de reforma a través de la Ley 15.020 de 1962. Adelantándose a la promulgación de dicha normativa, los obispos progresistas encabezados por el cardenal Raúl Silva Henríquez decidieron entregar parte de los fundos que eran de su patrimonio a los campesinos que trabajaban en ellos. Este fenómeno abarcó sólo cinco fundos y benefició a 301 campesinos. Fue sin dudas un acto simbólico de importancia, que hizo que el presidente Alessandri se viera en la obligación de impulsar la reforma, con el apoyo de la recientemente conformada Alianza para el Progreso. Según expresara el experto chileno Sergio Gómez en su trabajo “Reforma Agraria y Desarrollo Rural en Chile”, las cifras sobre el impacto de la reforma agraria no tuvieron el mayor sentido, ya que menos de 1.000 beneficiarios fueron favorecidos antes del inicio de la reforma a comienzos de 1965. Pero al margen de esta cifra insignificante, señalaba Gómez, lo importante es que se había abierto un debate sobre el tema, que ganó legitimidad, y además se crearon la Corporación de la Reforma Agraria (Cora) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), que serían instituciones muy importantes para el desarrollo de la reforma. Según el mismo autor, para realizar el análisis de la década 1964-1973, época en la que se aplicó el proceso de reforma con intensidad, hubieron dos hechos que caracterizaron a este período: la masiva organización sindical de los asalariados agrícolas y su movilización y, la drástica y masiva reforma agraria. Estos procesos se iniciaron de hecho a comienzos del período y se plasmaron en textos legales en 1967 durante la presidencia de Eduardo Frei Montalva (1964-70). Las leyes 16.625 sobre sindicalización campesina y la 16.640 sobre la reforma agraria, complementada con una reforma constitucional sobre el derecho de propiedad, que permitió la expropiación de predios agrícolas con un sistema de pago diferido. Durante el mandato de Frei se expropiaron 1.408 predios, con 23,4 % de la tierra regada del país y 34,7% de la tierra de secano, y se benefició a 21.290 familias. Con la llegada del gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular (1970-73) se aceleró el proceso expropiatorio con la creciente movilización de las organizaciones campesinas. En menos de tres años se expropiaron 4.401 predios, con 35,3% de la tierra regada y gran parte de la tierra de secano, y se benefició a 39.869 familias. Si bien la estructura latifundista había tocado a su fin, con la llegada de la dictadura de Augusto Pinochet, se iniciaría un proceso de contrarreforma, represión y desmantelamiento de las organizaciones campesinas, que hicieron que los pequeños y medianos productores pasen a ser asalariados de nuevos grandes empresarios, que llevaron al campo la impronta del incipiente orden neoliberal. Con el retorno de la democracia veinte años después, la situación del campo en Chile, siguió privilegiando las grandes inversiones empresariales y los agronegocios en detrimento del campesinado. Esta situación aún hoy no se ha revertido. No lo hicieron ni los diferentes gobiernos de la Concertación, mucho menos el de Sebastián Piñera. Los agronegocios en Chile, fruto de la cada vez más frecuente relación con empresas de turismo, transporte, comunicaciones y servicios financieros, podrían fácilmente sobrepasar el 20% como contribución al PIB total, señalan expertos chilenos proclives a sostener el neoliberalismo en el país trasandino.

La reforma en Perú. A diferencia del proceso chileno, la impronta rural en el Perú estuvo mucho más signada por luchas campesinas de envergadura, y también bastante influenciada por lo que en los ’50 sucedía en Bolivia, con la reforma agraria iniciada en 1953. Según Fernando Eguren en su trabajo “Reforma Agraria y Desarrollo Rural en la región andina” las condiciones para la reforma en Perú fueron incubándose durante la década del ’50. Eguren resalta el nivel de conflictividad agraria en ese país, al igual que una creciente migración desde el campo hacia la ciudad. Este autor precisa que con respecto a las luchas campesinas, quizá el caso más notable y publicitado fue la rebelión protagonizada por los colonos de los valles de La Convención y Lares, en la selva alta del departamento del Cuzco, contra los gamonales (hacendados advenedizos), que culminó en la transformación de una sociedad semifeudal en otra mucho más moderna, capitalista y de ciudadanos, que es la que hoy existe, cuya columna vertebral está constituida por los pequeños agricultores comerciales, predominantemente cafetaleros. Pero no fue el único caso: las intensas y extensas movilizaciones campesinas y tomas de tierras de fines de la década de 1950 y comienzos de 1960, sin las que no pueden explicarse las reformas agrarias posteriores, no se orientaron solamente a acceder a las tierras de los latifundios, sino a liquidar los obstáculos económicos y sociales que impedían que al menos un sector importante de campesinos –los llamados convencionalmente ricos y medios– progresasen, pues la modernización y la ampliación de los mercados en el medio rural no eran posibles con terratenientes tradicionales y gamonales. Estos últimos no provenían del tiempo de la colonia sino que ya establecida la independencia de la corona española, fueron un sector que desplazaba mediante medios violentos a indígenas y campesinos de sus tierras, para apropiárselas. Durante la década del ’50 se producía en Perú una fuerte migración desde las zonas agrarias hacia las principales ciudades, fundamentalmente Lima, lo que hizo que los sectores urbanos más acomodados, temieran por la instalación de grandes asentamientos suburbanos. En Perú, a excepción de los grandes latifundistas, las diversas clases dominantes veían como una necesidad la aplicación de una reforma del agro. Tanto es así que ya en 1956 el gobierno derechista de Manuel Prado Ugarteche (Movimiento Democrático Peruano) se propuso conformar una comisión para implementar una reforma agraria. Pero fue recién en 1962 cuando la Junta Militar en el gobierno promulgó la primera ley al respecto, convalidando de ese modo las ocupaciones de tierras que ya habían sido realizadas por el movimiento campesino. La denominada Ley de Bases sólo legalizó las ocupaciones en los valles de La Convención y Lares, y no tuvo mayor incidencia que ésa. En 1963 se restableció transitoriamente la democracia, y asumió Fernando Belaúnde Terry como presidente. Belaúnde realizó campaña electoral prometiendo una nueva reforma rural profunda, pero la fuerza política a la que representaba (Acción Popular-Democracia Cristiana) siendo minoría parlamentaria, no pudo llevar adelante demasiados cambios, ya que la fuerza parlamentaria mayoritaria integrada por la Unión Nacional Odriísta y el APRA, respondía a los intereses de los terratenientes. En 1968 nuevamente se produciría un nuevo golpe de Estado, esta vez por parte de una fracción militar nacionalista encabezada por el general Juan Velasco Alvarado, y al próximo año se promulgaría la principal Reforma Agraria de ese país. “Hoy día el Gobierno Revolucionario ha promulgado la Ley de la Reforma Agraria, y al hacerlo ha entregado al país el más vital instrumento de su transformación y desarrollo. La historia marcará este 24 de Junio como el comienzo de un proceso irreversible que sentará las bases de una grandeza nacional auténtica, es decir, de una grandeza cimentada en la justicia social y en la participación real del pueblo en la riqueza y en el destino de la patria. Hoy, en el Día del Indio, día del campesino, el Gobierno Revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos” expresaba Velasco Alvarado en junio del ’69 en el discurso de promulgación de la nueva ley. La misma no sólo consideraba expropiable a las haciendas tradicionales, sino a todo predio mayor de 150 ha (tierra de cultivo bajo riego o equivalente) y a predios menores que hubiesen incurrido en una serie amplia de causales. La ley fue respaldada por la decisión política del gobierno, y su ejecución facilitada por el poder de las armas, y por la inexistencia de instancias políticas y judiciales de control y la escasa capacidad de oposición de los partidos políticos y de las clases propietarias. Los complejos agroindustriales azucareros de la costa, cuyos propietarios eran llamados los “barones del azúcar”, fueron ocupados el mismo día que se promulgara la ley. Al igual que en la reforma agraria boliviana, se produciría un fuerte desplazamiento del sector latifundista, se incorporaría a la mayoría de los campesinos-indígenas como ciudadanos de pleno derecho, pero si bien las tierras pasaron a ser para el que las trabaja, no hubo un desarrollo tecnológico acorde, que posibilite transformar la estructura productiva integral del Perú. La reforma de la propiedad rural resulta imprescindible para resolver la principal contradicción del campo, pero para que sea efectiva en relación al desarrollo productivo de un país debe articularse correctamente con el modo productivo de la ciudad, es decir, con la industria.

Entre la vida y la muerte, los sin tierra del Brasil. El gigante suramericano es el quinto país del mundo en cuanto a extensión territorial, pero es el primero en cuanto a superficie apta para la agricultura. Hoy está próximo a ser la quinta economía mundial. Con poco más de 200 millones de habitantes, y a pesar de su extensión, es uno de los países con mayor densidad de población urbana. Sólo en la región metropolitana de São Paulo, vive el 10% de la población total. La migración desde las zonas rurales a las urbanas es muy pronunciada, y productora de gran exclusión, generando extensos cordones de pobreza alrededor de las grandes ciudades. Hace más de tres décadas emergía en ese país, uno de los movimientos sociales autónomos más poderosos del planeta, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que a lo largo de los años se fue convirtiendo en el principal cuestionador no sólo de la gran desigualdad social, sino también de la desigualdad existente entre el campo y la ciudad. El MST con sus luchas a lo largo de todos estos años ha logrado posesionarse de miles de latifundios, logrando asentar a casi 200 mil familias. Escribir sobe este movimiento llevaría mucho páginas. Si en estas líneas se aborda su existencia es principalmente por su rol paradigmático no sólo en Brasil, sino fundamentalmente en toda Latinoamérica. Incluso aunque la región alcanzase a posicionarse entre las primeras economías mundiales, de hecho Brasil ya se encuentra en ese podio, podrían seguir sin resolverse los principales problemas que afectan a las grandes mayorías populares. La experiencia de los sin tierra de Brasil sirve como emblema para esbozar una reflexión final y transitoria, tras las sucesivas entregas que Miradas al Sur vino desarrollando acerca de la cuestión agraria latinoamericana.
Si en Brasil (y en la región) un dato de la realidad que tiende a cristalizarse como tendencia objetiva, es el incremento sustantivo de grandes cordones de pobreza estructural, alrededor de sus grandes urbes, con todas las consecuencias sociales que ello apareja, el desafío del MST siempre fue a contramano de esa tendencia. Antes que padecer la más cruda exclusión y miseria en las grandes favelas urbanas como Cidade de Deus, y ser presa del subempleo precarizado, la violencia y las redes del crimen organizado, los sin tierra optaron por ocupar tierras en el campo, predios de latifundistas ociosos, y desarrollar allí una economía social, instalándose en comunidades agrarias en la cual hasta son capaces de ofrecerles salud y educación a sus hijos, realizando una experiencia de vida colectiva cercana a cualquier utopía.
El MST desde su creación en 1984, viene bregando por la reforma agraria en su país, pero no una reforma que favorezca a los campesinos solamente, una reforma que transforme a Brasil en una nación igualitaria. No son una oposición a los gobiernos de turno, son más bien una fuerza social que resiste con alternativas, a la más cruda inercia del sistema capitalista mundializado. El MST es tal vez la expresión organizada más significativa de la resistencia de los pueblos latinoamericanos contra la injusta estructura agraria heredada desde el tiempo de la colonia. Una voz que no habría que dejar de escuchar.

García Linera y las tensiones creativas de la revolución

En 2013 Ediciones Luxemburg publico el libro “Las tensiones creativas de la revolución- La quinta fase del proceso de cambio en Bolivia” cuyo autor es nada menos que el vicepresidente Álvaro García Linera, quien además de cumplir con funciones públicas, es un destacado intelectual con formación “marxista seducido por la insurgencia indígena” según su propia autodefinición.

Haciendo un pequeño recorrido por las 4 primeras fases del proceso iniciado con la Guerra del Agua en el año 2000, García Linera va a encargarse de desarrollar expresamente la fase que él denomina la de las tensiones creativas de la revolución. Si bien el autor, por razones heurísticas (y también políticas) diferencia las 5 fases, quien escribe cree que las contradicciones presentes en cada fase siguen existiendo, con menor intensidad, con desplazamientos, con diferencias en las relaciones de fuerzas,  y que lo que definiría cada fase en especial es el aspecto principal de las contradicciones en juego. Tras haber dirimido fuerzas con el enemigo principal del proceso de cambio, el pueblo boliviano habiendo derrotado la intentona golpista de 2008 y logrando promulgar una nueva Constitución Política de Estado, dio inició tras ese punto de bifurcación o momento jacobino de la revolución, tal como los denomina el autor, el inicio del tratamiento de las tensiones creativas.

La intención de esto, no es hacer una reseña del libro. A este libro: hay que leerlo, porque es uno de esos aportes necesarios no sólo para analizar la experiencia de lucha de los pueblos por su emancipación, sino también un aporte al desarrollo del marxismo, que hoy algunos parecen haber dado por sepultado, o suponer que se convirtió en algo inocuo. De igual forma que no hay openmarxism como planteaba John Holloway, para quien escribe no hay marxismo creativo, o por lo menos lo que algunos sostienen con ese nombre. Si para las diferentes “iglesias” marxistas, el legado de Marx, Engels, Lenin, Mao, Gramsci o Trotsky  fue convertido en dogmas que se ven a sí mismos como enemigos principales, habría que precisar que eso se encuentra casi en las antípodas del pensamiento de los autores señalados. El marxismo nunca deja de ser ni abierto ni creativo, pero sí está sujeto a las leyes de la ciencia, y por ende debe ser debatido con ese mismo rigor, sin privarse de utilizar determinadas categorías creadas por autores, que para otro sector que también se dice marxista, no es conveniente ni leer.

Para la sorpresa de quien escribe, García Linera retoma desde el inicio el tratamiento de la contradicción tal como la había desarrollado Mao Tse Tung, un aporte bastante caro para la izquierda revolucionaria de los ’70 en la Argentina. Desde el PRT a la izquierda peronista, y obviamente los grupos maoístas, tenían a ese texto de Mao sobre la contradicción, como uno de sus principales referencias. El abordaje de las tensiones creativas es casi una versión boliviana del conocido opúsculo de Mao sobre el tratamiento de las contradicciones en el seno del pueblo. Igual que Lenin o Mao, García Linera va analizando el proceso de transformaciones en el cual él es uno de los implicados.

La primera tensión en el seno del pueblo, que García Linera analiza es la que opone al Estado con los movimientos sociales. Cuando hace referencia al rol de los sindicatos, y a la tensión implícita con el Estado, aunque este último esté en un proceso de transformación que llevaría a que el mismo se disuelva gradualmente en el seno de la sociedad; el planteo que realiza acerca de cómo abordar las contradicciones que se generan en la estructura sindical, a quien escribe le hizo recordar las espléndidas páginas de L’Ordine Nuovo de Antonio Gramsci, cuando éste se planteaba la diferencia entre sindicatos y consejos.

En un mundo que pareciera querer suprimir al pensamiento teórico, alagando sólo la acción, sin precisar qué es lo que delimita si la acción es válida o no, incluso dentro de las filas de las izquierdas; este libro de García Linera resulta imprescindible. No lo escribe un intelectual de gabinete, lo hace uno de los protagonistas del proceso de cambio boliviano.