La re de Evo ya es constitucional

El Tribunal Plurinacional aprobó la Ley de Aplicación de Normativa por la cual el presidente puede ser reelegido.

Las controversias que generan los diferentes líderes suramericanos, no parecieran ser muy diferentes entre sí, y mucho más cuando las oposiciones se empeñan en intentar mostrar como lado flaco, lo que para las mayorías populares resultan logros importantes. Se tilda generalmente de autoritarismo, populismo, falta de libertad de expresión, corrupción, atropellos a la Justicia, y una serie más de ítems que van desde los más recalcitrantes insultos hasta endilgarles a esos gobiernos supuestas connivencias con el crimen organizado. Lo paradójico resulta que los que expresan todo eso, en la mayoría de los casos, fueron socios de las dictaduras más sangrientas del continente, o principales actores en la noche neoliberal; y sin embargo no se les mueve un pelo, cuando se refieren por ejemplo al carácter autoritario o corrupto de las nuevas gestiones progresistas.

El mandatario boliviano Evo Morales Ayma no es una excepción a la regla, es más, es uno de los principales blancos a los que apunta la derecha regional, y hoy, luego de la desaparición física del líder bolivariano Hugo Chávez, tal vez resulte un blanco preferencial.

El pasado lunes el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que es el organismo encargado de ejercer el control de constitucionalidad, y precautelar el respeto, la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, en el marco de los principios del Estado Plurinacional de Bolivia, dictaminó como válida la posibilidad de que en los comicios de 2014, tanto el actual presidente Evo Morales como el vicepresidente Álvaro García Linera puedan ser reelegidos.
En febrero último, el Senado había enviado al TCP una consulta previa para aprobar la Ley de Aplicación de Normativa, que en el artículo cuarto establece la reelección del Presidente y Vicepresidente en los comicios previstos para diciembre de 2014. La razón de la consulta estaba referida principalmente al Art. 168 de la Constitución Política del Estado y al Apartado II de la primera disposición transitoria. En el artículo se señala que: “El período de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”, mientras que en el apartado dice que: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos períodos de funciones”.

Para entender el pedido del Senado al TCP vale recordar que Evo asumió por primera vez en 2005, a principios de 2009 se sancionó la nueva Constitución. A fines del mismo año, sin cumplir el mandato completo, se realizaron en diciembre los nuevos comicios, y a principios del año siguiente cobró plena vigencia la nueva letra constitucional, con lo cual se plantea que tanto Evo como García Linera llevan un sólo mandato bajo la nueva institucionalidad, y que las disposiciones transitorias tienen valor por un período determinado, por ejemplo, entre la vigencia parcial y la plena de la nueva Constitución. Los mandatos anteriores cobrarían validez solamente para aquellas autoridades que fueron elegidas, designadas, y no nombradas nuevamente a partir de la vigencia de la Constitución actual, por ejemplo, los Ministros de la antigua Corte Suprema de Justicia de la Nación que ejercieron funciones hasta enero del año 2012.

Por unanimidad, el lunes, la Sala Plena del TCP declaró constitucional el proyecto de Ley de Aplicación Normativa, postulado por el Legislativo boliviano, y en una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Sucre, el presidente del TCP, Ruddy Flores, afirmó que la potencial candidatura de Morales y García Linera a la reelección en los comicios de 2014 “no transgrede la Constitución Política del Estado”.

Las voces en contra de la sentencia del TCP no tardaron en llegar, y así se pronunciaron desde casi todo el abanico opositor. El expresidente Jorge Rodríguez Ramírez del derechista Podemos, y que fuera también vicepresidente del ex dictador Hugo Banzer Suárez cuando éste fuera elegido democráticamente en 1997, calificó de “golpe a la democracia” la decisión del tribunal, agregando que “Hoy el Tribunal masista da el día más negro para la Justicia en Bolivia”. En tanto otro ex mandatario como Carlos Mesa Gisbert del MNR afirmó que la declaración del Tribunal establece que la Constitución puede ser aplicada para dos tipos de Estado: el “refundado” y el “desechado”. También se expresó en contra de la resolución el Prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, quien actualmente viene diseñando junto al líder de la Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina, un gran frente opositor para las elecciones del próximo año. Justamente Doria Medina parecía el más preocupado por la resolución del TCP, incluso días antes del fallo, el también empresario y ex ministro del ex presidente Jaime Paz Zamora, venía realizando una campaña en contra de un eventual fallo que favorezca la posibilidad de reelección para Evo Morales. Más allá de tildar a la sentencia del Tribunal como inconstitucional, Doria Medina puso demasiado énfasis en que Evo faltó a su palabra, tras citar que el mandatario había expresado en 2008 que no iría a una reelección, si se estableciera una nueva Constitución.
Doria, quien se iniciara en la política en la década del ’80 en el izquierdista MIR, fue trastocando sus posiciones para pasar primero al centro y luego a la derecha. Durante su gestión como ministro del otrora también izquierdista Paz Zamora, ambos fueron protagonistas principales del desguace neoliberal del Estado boliviano en los ’90. Hoy Doria Medina pretende ser el único líder de la oposición boliviana, a pesar de que en las elecciones de 2009 resultó en tercer lugar con un escaso 5,65% mientras que Evo Morales había logrado el 64,2% y el militar Manfred Reyes, hoy prófugo de la Justicia del altiplano y refugiado en los EE.UU., el 26,46 %.
Según este empresario (que tal vez quisiera encarnar a un Capriles boliviano), el actual mandatario “solamente gobierna para los cocaleros”, y por esa razón en el país andino “se incrementan el crimen y el narcotráfico” y ahuyenta la inversión privada. Según Doria, el discurso de Evo es bueno, pero no cumple, como sí él lo puede hacer.
Mientras tanto, tal como informaba el diario cruceño El Deber: “El Jefe Nacional de Nueva Alianza Bolivia (NAB), Amílcar Barral, afirmó que se iniciará una campaña a escala nacional para recolectar 50 mil firmas que serán enviadas a la Organización de Estados Americanos (OEA), para que este organismo internacional interceda en Bolivia y haga respetar las leyes tras avalarse la ‘tercera reelección’ del presidente Evo Morales”, señalando a su vez que este fallo del TCP viene acompañado del silencio cómplice, tanto de organizaciones internacionales como de los países vecinos.

Pero como respuesta a las voces opositoras, vale destacar que el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, expresó que “si eso ha sido algo que ha determinado el Tribunal es algo que se debe respetar, porque creemos que se ha impartido justicia” señaló el dirigente empresario, citado por ABI.
Según informara también la misma agencia estatal de noticias, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dijo que “el fallo del Tribunal Constitucional no nos ha sorprendido porque tenemos la certeza de que la habilitación del presidente Evo en las elecciones se basa en el derecho y la justicia; no en los chantajes de algunos partidos de oposición que intentaron impedir la participación de Evo Morales en las elecciones”, señalando que si el fallo del TCP levantó las protestas de la oposición política, ésta emergió debido a las condiciones que los adversarios de Morales pusieron en las cruciales negociaciones de octubre y noviembre de 2008, cuando en el país se cirnió una de sus más agudas crisis políticas. Según Dávila, con lo que hoy plantea la oposición “queda al desnudo esa actitud chantajista que siempre ha caracterizado a los partidos de derecha que dijeron que si (Morales) acorta su mandato aprobaremos la Constitución. El Presidente acortó su gestión y se sometió al veredicto del pueblo en las urnas, pero nunca se prestaría a violar el derecho de participar democráticamente en la política, porque él defendió este derecho hasta ir a la cárcel cuando injustamente lo expulsaron del Congreso” en 2002, argumentó la ministra.

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