2014/11/13

México- Represión y muerte

La reciente desaparición de 43 estudiantes en Iguala muestra casi al desnudo el accionar de un Estado completamente funcional a la más despiadada acumulación capitalista. No sólo la legal sino también la que es engrosada por los dividendos que le reporta el crimen organizado.



Cuando no había pasado aún una semana de la llegada del otoño mexicano, más precisamente el 26 de septiembre, acontecieron los hechos que hoy son conocidos como la Masacre de normalistas de Ayotzinapa. Esto sucedió en la localidad de Iguala en el Estado de Guerrero.  Ese día a las 8:00 pm se reportaron disparos contra los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, por parte de la Policía Preventiva Municipal de Iguala. Pero lo más significativo es que quienes apoyaron la acción represiva fueron además miembros de un grupo del crimen organizado denominado “Guerreros Unidos”. El tiroteo dejó un saldo de 6 personas muertas, entre ellas 3 estudiantes, un joven futbolista, un chofer y un ama de casa. Los jóvenes fueron atacados en el marco de una protesta estudiantil. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, negó en ese momento que hayan existido muertos o heridos en el enfrentamiento, afirmando que la protesta se realizaba para frustrar el informe de labores de su esposa en el DIF estatal (Sistema de Desarrollo Integral de la Familia). María de los Ángeles Pineda de Abarca justo estaba presentando el informe en la plaza en la que los estudiantes marchaban conmemorando la masacre del 2 de octubre de 1968.
Al cierre de esta edición de Mascaró, aún hay 43 normalistas desaparecidos, y se están llevando adelante movilizaciones de solidaridad y esclarecimiento en todo el mundo. El 22 de octubre se realizó la Jornada Internacional por los 43 estudiantes desaparecidos, y una de ellas tuvo lugar en Buenos Aires. Frente a la embajada mexicana, cerca de 300 militantes de organizaciones políticas y sociales, junto a grupos de estudiantes mexicanos residentes en el país, reclamaron bajo la consigna “Vivos los llevaron, vivos los queremos” la aparición con vida de los normalistas desaparecidos.
La madrugada del 30 de junio el Ejercito mexicanos ejecutó a 15 civiles que dormían en una bodega  localizada en el Municipio de Tlatlaya. En agosto se produjeron once asesinatos en Chihuahua, entre los que se encontraban varias mujeres e incluso estudiantes. Los sucesos de Ayotzinapa se enmarcan en un mismo proceso. Desde 2007 cuando el por entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa le declarara la guerra al crimen organizado bajo el patrocinio de los Estados Unidos, en México se contabilizan más de 100 mil asesinados civiles y una cifra cercana a 30 mil desaparecidos. Cifras escalofriantes si se tiene en cuenta que sólo pasaron 7 años.  
El problema principal a visibilizar a partir de la reciente masacre de Ayotzinapa es precisamente el porqué de tanta muerte, de tanto terror sembrado en la sociedad civil azteca. Realizar un diagnóstico en el que se culpe de todo esto, al incremento de los carteles de la droga sería un mero simplismo. Obviamente que la presencia del narcotráfico es decisiva en esta realidad, pero no la única razón. En tal sentido, es necesario recorrer una cantidad importante de opiniones que puedan acercarnos a un diagnóstico mucho más preciso.

México como laboratorio del neoliberalismo

Según un muy buen informe realizado por la Red de Solidaridad con México (mexicosolidarity.org), durante las últimas cuatro décadas, la relación entre los EE.UU. y México se convirtió en el laboratorio más importante para el modelo neoliberal que rige en el planeta, una especie de experimento para la globalización centrada en la expansión de las corporaciones. Según la Red tanto en el Norte como en el Sur las futuras generaciones sentirán las implicaciones de este experimento.  La era neoliberal empezó hace cuatro décadas en la frontera EE.UU. – México con el Programa de Industrialización Fronteriza, una “zona de libre comercio” que introdujo la época de las maquiladoras.  Fabricas que pagaron jornales decentes en los EE.UU. se mudaron al sur de la frontera, donde los jornales típicos son menos de US$1 por hora, las leyes en cuanto al régimen laboral son relajados, y los estándares medioambientales no se hacen cumplir.  El resultado es ganancias enormes para las corporaciones transnacionales, pero con estándares de vida decayendo para las clases obreras de México y los EE.UU., y un desastre medioambiental que afecta ambos lados de la frontera.  El modelo maquiladora/libre comercio es ahora el modelo de desarrollo económico predominante por toda América Latina. 
El argentino Guillermo Almeyra que vivió unos cuantos años en México sostiene en un artículo publicado en el diario La Jornada que una política criminal sólo puede ser impuesta  con métodos criminales. En la nota que lleva por título”Tlatlaya, Ayotzinapa: el asesino es el sistema y su gobierno” Almeyra dice que para realizar “la entrega de los recursos naturales a las trasnacionales, la destrucción del ambiente y el robo del agua por la gran minería, la reducción de los salarios reales y las conquistas de los trabajadores, la eliminación de las leyes de protección laboral, la disminución de los fondos para la educación, la represión de las manifestaciones de estudiantes y normalistas, son apenas algunas de las perlas de este macabro collar”.
Todos los analistas de la realidad política azteca coinciden en que con el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno a partir de diciembre de 2012, se profundizó el proceso que había sostenido el derechista Partido Acción Nacional (PAN) que gobernara entre los años 2000 y 2012. Tras la salida de Felipe Calderón, y la llegada a la presidencia de Enrique Peña Nieto no sólo continuó la guerra sucia, sino que se incrementaron la violencia y los asesinatos.

La narcocracia

En un artículo denominado “Narcocracia asesina a estudiantes en México” escrito por el politólogo Ricardo Romero y que fuera publicado por el semanario Miradas al Sur, el autor alerta sobre  los peligros que conlleva la municipalización de la seguridad, tal como se está planteando hoy en nuestro país. Romero señala que en México, la descentralización policial fue generando una fuerte dependencia de los presidentes comunales (intendentes) con respecto a los grupos armados ligados al crimen organizado.  “Así, se formó una suerte de narcocracia que gobierna los municipios y actúa casi sin control por parte de los líderes locales. La expresión más acabada de esto es el caso de Iguala, en el estado de Guerrero, donde una protesta estudiantil disgustó a ‘la señora’ María de los Ángeles Villa, esposa del presidente municipal José Luis Abarca Velásquez, quien pidió a su cónyuge que acabara con ella. Un pequeño detalle es que la pareja libera el cartel de narcotraficantes ‘Guerreros Unidos’, que está fuertemente imbricado con la policía municipal” señala Romero en su nota.
En el mismo artículo la investigadora mexicana Iskra de la Cruz Hernández consultada por el autor señala que en México existe una narcodictadura, que se asienta desde los municipios.
El narcoestado, la narcodictadura, se fraguó con el paso de los años, a punta de nepotismo, corrupción y autoritarismo, con autoridades políticas dispuestas a negociar con el narcotráfico y grupos delictivos que tienen más poder y legitimación que las propias fuerzas de defensa del Estado mexicano, el Estado de Guerrero (lugar de los hechos) es uno de los Estados más violentos de la república mexicana, también uno de los más pobres y con más analfabetismo, la ciudad de Iguala, lugar donde fueron atacados los estudiantes normalistas de Ayotzinapa se ha convertido en una fosa colectiva” señala Iskra.
Si existe algo que pueda frenar y revertir este proceso de destrucción del tejido social, eso es sin duda tanto la movilización, como la resistencia y la organización de los sectores populares. Por ahora la indignación social ante esta masacre pareciera ser un punto de partida.

  Nota publicada en la Revista Mascaró de noviembre


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